Por Gustavo Márquez
El primer estudio realizado en la Argentina para evaluar el pasivo
ambiental ocasionado por la actividad petrolera, arrojó un número que en su
momento (hace 14 años) ya creaba un ruido: mil millones de dólares tomando
solamente a la provincia del Neuquén. En
el estudio en cuestión, titulado “Emergencia ambiental, hidrocarburos,
compensación y desarrollo sustentable en la provincia del Neuquén”, intervinieron
expertos argentinos y extranjeros, sobre todo mejicanos y fue financiado por
una donación de Naciones Unidas. Entre las empresas que ese informe sindica
como las principales responsables del daño ambiental causado a la provincia
patagónica, se menciona a la entonces Pecom (luego adquirida por Petrobras);
Petrolera Argentina San Jorge y Repsol/YPF. El hecho de que el estudio fuera
encomendado a un grupo de expertos de insospechada reputación y financiado por
la ONU, quitó todo poder de argumentación a las entonces nerviosas cúpulas de
las compañías mencionadas, una de las cuales llegó al límite de presionar y con
éxito al diario Clarín, para que se silenciara a un columnista de su suplemento
dominical económico, que había osado publicar la información apoyado en datos
recabados entre los técnicos que habían elaborado el fatídico informe. Ello
puede encontrarse rastreando la colección del diario allá por fines de 1999.
Pero este caso testigo se mantuvo en el mayor de los secretos por el lobby
desatado en dichas empresas, muchas de las cuales estaban en proceso de
transferencia o venta, como el caso ya señalado de Pecom. En Neuquén este dato
fue usado por la familia Sapag, que históricamente viene turnándose en el
gobierno de la provincia, con distinta suerte. En la primera cumbre de Cambio
Climático que se hizo en Buenos Aires, cuya denominación técnica responde a la
nomenclatura de COP4, la provincia del Neuquén dispuso de una gran cantidad de
folletos que explicaban sintéticamente este estudio financiado por la ONU
(también organizadora de esa Cumbre Climática). Una sórdida guerra interna se
desató en el recinto de la COP 4, ya que María Julia Alsogaray, por entonces
máxima autoridad ambiental del país, habría mandado a bloquear dicha entrega de
folletos, según bramaban por lo bajo los funcionarios neuquinos. Los opositores
al entonces gobernador Felipe Sapag, sostenían que su estrategia consistía en
ventilar este caso fronteras afuera –donde más sensiblemente corre la
información hacia las cotizaciones de las acciones en las principales bolsas- y
cajonear el informe puertas adentro de la provincia. Esta escena queda
magníficamente retratada en las páginas del diario Río Negro del 14/09/98,
donde se trata exhaustivamente el caso del fatídico estudio. Lo que no podía ocultarse
mucho tiempo seguramente surgirá ahora cuando hay que poner otras cifras, los
números que indiquen el valor de las acciones de una petrolera como Repsol, que
en Comodoro Rivadavia solamente tendría 1.700 pozos abandonados a su propia
suerte, dato que se deslizara del
informe que obra en manos del gobernador de Chubut, Martín Buzzi y que no ha
podido ser desmentido por la petrolera española. Como tampoco hay opinión de
las autoridades de Repsol ante la acusación formulada en su contra por Amnesty
International en 2004, donde se le acusa de financiar unidades militares del
Ejército de Colombia que cuentan con “relaciones comprobadas con grupos
paramilitares”, como lo afirman Thomas Seifert y Klaus Werner en el Libro Negro
del Petróleo.
La doble moral que anida en el sistema financiero internacional, no
acusa recibo de las causas humanitarias ni de la depredación de los recursos
naturales. Solo resta esperar la segunda parte del leading case que comenzó con
el estudio ambiental efectuado en Neuquén hace más de una década y observar
cómo ello incide en el valor de los papeles de negocio, de una compañía a la
que no le faltaron comedidos. Algunos con corona que confunden lobby con hobby, y no saben a
estas horas si tomar el primer vuelo a Buenos Aires o seguir cazando elefantes.
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